marzo 2026

En el Perú, muchas empresas consideran que el cumplimiento de las obligaciones laborales que exige la ley son una mera obligación formal. Sin embargo, es claro el crecimiento de fiscalización realizado por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la judicialización de conflictos laborales en los tribunales a lo largo del país, lo que conlleva a cuidar la exposición reputacional de las Compañías frente a estos escenarios desfavorables.

Surge entonces la importancia de no solo cumplir con las obligaciones normativas de carácter laboral con la única finalidad de evitar multas o salir victorioso de litigios judiciales, sino más bien de prevenir contingencias, optimizar costos laborales y organizacionales, así como fortalecer la sostenibilidad del negocio estableciendo bases claras y sólidas que no solo sirvan como escudo, sino también como una ruta del éxito en el rubro laboral empresarial.

En el dinámico escenario del derecho empresarial contemporáneo, los fondos de inversión han emergido como una figura jurídica que desafía los paradigmas tradicionales de organización empresarial. A diferencia de las sociedades mercantiles convencionales, estos vehículos de inversión colectiva presentan una estructura jurídica peculiar que combina elementos patrimoniales, fiduciarios y contractuales, generando interrogantes fundamentales sobre su naturaleza jurídica y su régimen de responsabilidad. La creciente relevancia de estos instrumentos exige comprender las diferencias sustanciales entre los fondos de inversión y las formas societarias tradicionales, tanto desde la perspectiva de su configuración estructural como de las implicancias jurídicas que derivan de su operación

En el presente artículo examinamos el delito de colusión en el ordenamiento jurídico peruano, poniendo especial énfasis en la frecuente confusión entre la ilegalidad administrativa y la responsabilidad penal. Analizamos los elementos típicos del delito, el estándar probatorio exigido para su configuración y las principales distorsiones advertidas en la práctica fiscal y judicial. Asimismo, identificamos los principios del Derecho Penal comprometidos por estas interpretaciones extensivas y desarrollamos los mecanismos de tutela disponibles frente a imputaciones penales indebidas.