La constitución de garantías mobiliarias sobre acciones se ha convertido en un mecanismo habitual de financiamiento y estructuración societaria en el Perú, particularmente en sociedades anónimas cerradas (S.A.C.). Sin embargo, cuando el deudor incumple y el acreedor decide ejecutar la garantía, surge una tensión entre dos regímenes normativos: el de la Ley de Garantías Mobiliarias, que habilita al acreedor a realizar el bien afectado, y el de la Ley General de Sociedades (LGS), que protege el carácter cerrado del accionariado mediante el derecho de adquisición preferente. El presente artículo analiza cómo opera esta tensión y, en particular, evidencia una distinción que resulta determinante para la práctica societaria y registral: no es lo mismo que la ejecución termine con la adjudicación de las acciones a favor de un tercero ajeno a la sociedad, que con la adjudicación a favor de un accionista que ya forma parte de ella.