febrero 2026

Las empresas familiares constituyen una de las formas empresariales más relevantes en la economía peruana y forman un espacio donde convergen intereses patrimoniales, empresariales y familiares, siendo entonces su rasgo distintivo no sólo la propiedad concentrada en un grupo familiar, sino la necesidad de preservar el control societario, la continuidad generacional y la armonía entre los accionistas, previniendo con ello conflictos entre accionistas vinculados por lazos familiares.

En este contexto, la correcta utilización de las clases de acciones y del derecho de suscripción preferente se convierte en una herramienta jurídica clave para ordenar el ingreso de nuevos accionistas, regular la sucesión y evitar conflictos internos.

La transformación digital ha modificado visiblemente la forma en que las empresas contratan, negocian y ejecutan sus obligaciones. Correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y plataformas digitales, se han convertido en herramientas cotidianas de interacción comercial.

Este artículo analiza las causas estructurales, normativas y prácticas que generan una preocupante demora en la tramitación de los procesos constitucionales en el Perú. Se expone cómo esta situación vulnera el principio de tutela jurisdiccional efectiva y afecta gravemente el ejercicio de derechos fundamentales. A partir de una revisión normativa, jurisprudencial y doctrinaria, se propone una crítica al actual modelo procesal y se plantean recomendaciones orientadas a garantizar la celeridad procesal constitucional como un pilar del Estado constitucional de derecho.

En el presente artículo examinamos el silencio administrativo positivo como una garantía fundamental frente a la inactividad de la Administración Pública, con particular atención al ámbito municipal. Analizamos sus efectos jurídicos automáticos, la naturaleza meramente declarativa de su reconocimiento y las principales manifestaciones de resistencia por parte de las municipalidades. Asimismo, identificamos los principios del derecho administrativo comprometidos por dichas prácticas y desarrollamos los mecanismos de tutela disponibles para la protección efectiva de los derechos del administrado.